Si los diputados votan este miércoles igual que en la media sanción se debería revertir la decisión presidencial. Al mismo tiempo, los sindicatos que integran el Frente Sindical y la Corriente Federal de la CGT movilizarán al Congreso junto con las CTA y la UTEP, además de los gremios clasistas y la Unidad Piquetera. Hasta ahora, la CGT sigue sin salir a la calle.
La represión a los jubilados y el veto presidencial a la nueva fórmula de movilidad resultaron la gota que rebalsó el vaso y sirvieron para sacar de la pasividad al menos a una parte de la conducción de la CGT.
El Consejo Directivo de la CGT había emitido un comunicado de repudio en forma casi inmediata a la primera represión policial, contra la marcha del 28 de agosto, y dio a conocer uno nuevo el viernes pasado manifestando su “total apoyo al reclamo de las y los compañeros trabajadores jubilados por una mejora en sus ingresos, en resguardo de su acceso a la salud y en decidido rechazo al veto presidencial contra el aumento de sus haberes”.
Un equilibrio
El texto no emanó de una reunión de Consejo Directivo y en los hechos resultó el punto más alto de acuerdo que logró la mesa chica en la presente etapa. A la vez es reflejo de que no se pudo alcanzar un acuerdo para que la central obrera, como un todo, retomara la protesta callejera.
Sin embargo, el sector del Consejo Directivo que forma parte del Frente Sindical y la Corriente Federal de Trabajadores, liderados por Pablo Moyano y Sergio Palazzo, anunció el martes la convocatoria a una movilización junto con ambas CTA y la UTEP originalmente pautada para el jueves 12 de septiembre.
El comunicado del Consejo Directivo, de todas formas, dio aval a la iniciativa señalando que “acompaña las movilizaciones que manifiestan su descontento en el marco del legítimo y constitucional ejercicio del derecho a la protesta”.
El sábado anterior, un plenario convocado por el Sindicato del Neumático que reunió a un centenar de dirigentes de sindicatos identificados con la izquierda y el clasismo, del Frente de Lucha Piquetero, de asambleas populares y organizaciones estudiantiles, entre otras, había puesto fecha para una marcha a la Plaza de Mayo para el martes 10 de septiembre con un amplio pliego de reclamos.
Además del repudio al veto presidencial contra la nueva movilidad, incluía el rechazo a la flexibilidad laboral que se busca profundizar con la reglamentación de la ley Bases, los despidos, el congelamiento de los Potenciar Trabajo y toda la normativa antisindical y de regimentación del derecho a huelga como la declaración de esencialidad de la educación que ahora pretende extenderse al servicio aerocomercial.
Allí, también reclamaron a la CGT y las CTA “un paro activo nacional y plan de lucha para derrotar todo el macabro plan de Milei”. Fuente: Por Alfonso de Villalobos para Tiempo Argentino.
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