El Gobierno nacional de Javier Milei, a través del ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) oficializó el aumento de un miserable 1,8% de los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
La suba, muy por debajo de la inflación, se da en el marco del fuerte ajuste que lanzó el gobierno de Javier Milei a los sectores más vulnerables y al mismo tiempo en que se prepara para dejar sin esta prestación a unas 160 mil personas que la vienen percibiendo.
Así quedó plasmado en la Resolución Conjunta 7/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del ministro de Salud de la Nación, Mario Antonio Russo y del titular de la Andis, Diego Orlando Spagnuolo.
El gobierno de Javier Milei se prepara para profundizar su ajuste en el área de Discapacidad. A la licuación de las prestaciones que ya provocó merced de aumentos muy por debajo del nivel de inflación, ahora se prepara para de dejar sin cobertura a entre 120 mil y 160 mil personas que hoy perciben Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
La Andis ya realiza una auditoría de aproximadamente 400 mil de pensiones de las cuales, estima el organismo, entre el 30% y el 40% podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esto significa que entre 120 mil y 160 mil personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.
Las decisiones de suspensión se basan en la identificación de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante las gestiones anteriores. Una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que motivó la intensificación de las auditorías. Entre las irregularidades detectadas, se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.
Además, se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas. Estas incompatibilidades se refieren principalmente a la posesión de bienes no declarados, empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.
Esta pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Se trata de una prestación que es incompatible con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
Los principales afectados incluyen a aquellos beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones) o quienes cuentan con un empleo formal. También se encuentran bajo revisión aquellos casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta, como lo demuestran las radiografías de animales que fueron usadas para obtener pensiones. Fuente: Minuto Uno
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