Mientras se resuelve el amparo presentado por la Asociación Bancaria, la jueza Zunilda Niremperger, dio lugar a la medida cautelar suspendiendo por 90 días el pago del impuesto para la cuarta categoría. Alcanza a los empleados que presten servicio en Chaco.
La Asociación Bancaria que comanda el diputado Sergio Palazzo dio un gran paso en el litigio que libra en los tribunales contra la vuelta de la cuarta categoría dispuesta por el gobierno de Javier Milei.
Mientras la justicia resuelve la cuestión de fondo descripta en el amparo, una medida cautelar frena el pago del impuesto al suspender la aplicación del título V de la Ley Bases y el decreto que reglamenta cómo se calcula la deducción especial entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2024.
La novedad para el gremio que comanda el bancario Sergio Palazzo llegó de mano de un fallo de la Justicia federal del Chaco que el viernes pasado resolvió hacer lugar a una medida cautelar iniciada por la rama local de La Bancaria con apoyo de la conducción nacional. De esta manera, beneficia en principio a las y los trabajadores que abonan el impuesto en esa provincia.
“Dicha medida inhabilita al Poder Ejecutivo a cobrar ese tributo a los trabajadores bancarios del Chaco por el lapso de 90 días renovable a petición de la Asociación Bancaria hasta tanto se diriman las cuestiones de fondo”, celebró en su cuenta de X el diputado de Unión por la Patria.
La decisión judicial le ordena al Estado Nacional suspender la aplicación del título V de la ley 27.743 y del decreto 625/2024.
Con la firma de la jueza federal Zunilda Niremperger, se libraron notificaciones de este modo al Ministerio de Economía, a la AFIP y entidades bancarias con sucursal en la Provincia del Chaco con motivo de que “la cuestión en análisis excede, en principio, el tema impositivo, en tanto se afecta directamente el salario de los trabajadores, sobre el que se calcula el cuestionado impuesto”.
Fundamentos de la medida cautelar
La Asociación Bancaria seccional Resistencia se ocupó de impulsar la acción judicial a través de su secretario adjunto, Rubén Belmar Ruffino, alegando la necesidad de “interponer la acción de amparo colectiva con una función preventiva del daño, aunque considera que esta ya está en parte consumado, pero que amenaza con incrementarse y agravarse notablemente”.
En su presentación, la representación legal del gremio señaló que no se trata de “una mera cuestión tributaria ni simplemente patrimonial pues impacta directamente en las condiciones de vida de los trabajadores” y lo que se busca no es una reparación de carácter individual, “sino el cese de los efectos emanados de una reglamentación que es impugnada por violentar los derechos fundamentales titularizados por los sujetos que componen la clase representada”.
Puntualiza, además, lo que denomina un “vicio” de origen durante el tratamiento legislativo de la norma ya que “la Ley 27.743 incluye en su regulación títulos que han sido rechazados totalmente por el Senado de la Nación, en su intervención como cámara revisora del proyecto inicialmente aprobado por la Cámara de Diputados”, lo que atenta contra el artículo 81 de la Constitución Nacional ya que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”. Fuente: El Cronista Comercial
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