El defensor del Pueblo, presentó ante el Juzgado Federal Nº 2 una ampliación del amparo y de la medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional por un nuevo aumento aplicado a las tarifas de energía eléctrica mayorista. El defensor ahora también pide la nulidad e inaplicabilidad de la Resolución N° 256-E/2017 dictada en abril, que aprobó nuevos valores para la energía eléctrica mayorista, bajo el sistema de Programación Estacional de Invierno.
El aumento ordenado por el gobierno nacional sube a 640 pesos por MW/hora el precio de la energía eléctrica mayorista en hora pico, correspondientes a los periodos que van desde el 1 de mayo de 2017 al 31 de Octubre de 2017.
Corregido detalló que el objeto de la ampliación es frenar los efectos de la Resolución mencionada, con la que el Ministerio de Energía de la Nación habilita a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a establecer un precio más alto por MW/hora. “Ni los usuarios residenciales, ni los comerciantes o empresarios pueden pagar tarifas con estos niveles de aumento. Están condenándonos a la pobreza estableciendo valores que no se condicen con la realidad económica de los chaqueños”, indicó.
El defensor aclara que la ampliación detalla que no se cuestiona los arts. 7 y 8 de la mencionada Resolución en cuanto disponen tarifa social y tarifa para las personas electrodependiente, necesarias para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan contar con energía eléctrica.
En el escrito presentado hoy, Corregido también pide que la Justicia ordene a la demandada que se abstenga del dictado de nuevas resoluciones y/o actos administrativos que importen incremento de la tarifa y que tengan sustento en las audiencias públicas cuestionadas en los amparos, hasta tanto se dicte sentencia.
“Es inaudito que el gobierno nacional sustente esta nueva resolución en las audiencias públicas que se encuentran cuestionadas judicialmente, por haber sido celebradas sin información veraz, cierta y detallada, como así también la falta de comunicación o publicidad de las mismas”, se quejó el ombudsman.
Sobre esto, el defensor aclara que “si la audiencia pública es el elemento esencial para la formación de la decisión administrativa, conforme la manda constitucional, y dicha audiencia está cuestionada no puede la demandada emitir para la Provincia del Chaco, nuevos actos o resoluciones basados en las audiencias celebradas en el mes de diciembre de 2016 las que presentan irregularidades y por lo tanto carecen de efectos”, detalló.
En esa línea, Corregido espera que los funcionarios nacionales cumplan con las ordenes de la Justicia. “Es necesario mostrar respeto por las instituciones y mantener los pilares de la democracia aceptando la decisión judicial y no creando este tipo de artilugios que implican dictar nuevas resoluciones para desobedecer sentencias. No podemos permitir que la Nación nos siga sometiendo a arbitrariedades que perjudican el derecho de los chaqueños al acceso a la energía eléctrica”, concluyó.
